Banca nacional y popular

Después de unas breves pero merecidísimas vacaciones, acá estoy de nuevo.

Esta semana estuve en el Congreso, con motivo del inicio del tratamiento de los proyectos orientados a reformar la Ley de Administración Financiera, otra de las “leyes de la Dictadura”, como le gusta decir a la promotora de las propiedades afrodisíacas del cerdo (en decara2011 no olvidamos).

El tratamiento comenzó en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, presidida por Alfonso Prat Gay, un tipo que en cualquier otro país sería uno de esos funcionarios que perduran a lo largo de los gobiernos por su valía técnica.

Por el momento, hay dos proyectos: uno de Heller y otro del GEN (Stolbizer y demás banda de ex lilistas). En ambos casos, se concuerda en la importancia de aumentar la protección de los consumidores, incorporando artículos concretos que van en el sentido de la regulación de la relación banco-cliente y de la mejora de la información disponible.

Otro punto interesante, sobre todo en el proyecto de Heller, es la incorporación de algunos incentivos para el incremento de la cobertura geográfica por parte de las entidades bancarias. Para promover la ubicación de entidades en localizaciones geográficas con poco grado de bancarización, se crea una especia de fondo de compensación con aporte de las entidades, con el fin de premiar en dinero a los bancos que más hagan por la difusión geográfica de sus servicios. En este punto tengo mis dudas (si yo fuera un banco, no tendría incentivos a poner una mini sucursal, inútil en la práctica para ahorrar recursos, en el barrio más barato, en alguna de las zonas premiadas? Mi punto es que si hoy no hay ahí un banco es porque no hay una demanda que lo justifique), pero se los doy por bueno, porque la intención es aceptable y en todo caso la ineficiencia generada no sería tan grande.

Hay otras cosas, en cambio, que me hacen bastante ruido. Tres, en particular; 1) Se le da al BCRA la facultad para determinar qué porcentaje de cada tipo de crédito pueda dar cada banco, 2) Se limita la participación de cada banco en el mercado de préstamos y depósitos al 8% y 3) Se regula la tasa de créditos para que ninguna entidad pueda cobrar más de 5 puntos porcentuales por encima del promedio de mercado para esa línea crediticia.

El punto 1) es un direccionamiento abierto de crédito. Todos sabemos los problemas que trae eso; encarecimiento del crédito y mercado crediticio en negro. Si hoy nadie quiere tomar un préstamos a 10 años, porqué imponer a los bancos que el 30% de su cartera vaya a ese tipo de préstamos. Es absurdo. Lo único que se logra es que los bancos terminen no dando otros tipos de préstamo para no romper la proporción. En otros términos, el tipo de crédito más débil termina actuando como restricción a los otros tipos de crédito. Eso tira el total prestado para abajo, todo lo contrario de lo que se busca. Los muchachos deben entender que más que obligar a los bancos a hacer cierto tipo de préstamos, hay que generar las condiciones propicias para que tanto los bancos como los individuos estén interesados en ellos. Por ejemplo, si querés préstamos a la inversión, una condición básica es lograr la estabilidad monetaria y cambiaria, y moderar la inflación.

El punto 2) es un intento errado de defender la competencia. Y digo errado, porque se penalizan los resultados y no los métodos. Qué pasa si un banco crece en base a ofrecer buenas condiciones? Se va a obligar a que recorte su oferta de servicios –perjudicando a los usuarios de servicios bancarios-, o creen que el resto de los bancos van a empardar las condiciones por mera voluntad? No way. Si se quiere controlar el poder de mercado de los bancos, lo que hay que regular es que no haya competencia desleal, y se debe limitar además la capacidad de los bancos de mantener cautivos a clientes, modificar unilateralmente las condiciones de los contratos y demás cosas que se suelen hacer cuando se tiene poder de mercado. Esa es la forma de controlar el poder de los bancos, no promoviendo su enanismo.

El punto 3) es difícil de digerir. Más allá de las obvias consecuencias distorsivas de toda regulación de precios, en este caso lo preocupante es que se está expediendo el certificado de defunción para entidades financieras que, aunque con malas condiciones financieras, son las únicas que están dispuestas a prestar a los hogares de menores ingresos (tipo Crédito Fácil o Crédito Si). Es obvio que las condiciones de esos préstamos son usurarias, pero qué es preferible: crédito caro o nada de crédito? Creo que hoy al menos los hogares tienen la posibilidad de elegir y zafar con eso de situaciones apremiantes. De aprobarse esta regulación de la tasa, la posibilidad desaparecería. Y es poco creíble que un banco vaya a prestarle a una persona sin recibo de sueldo…

Otro puntito conflictivo del proyecto de Heller es que contempla el traspaso al BCRA del fondo de garantía de depósitos, que en este momento está en manos de una empresa privada y que tiene un saldo de casi $5.000 millones. Pero no reparo mucho en eso porque son minucias comparados con otros fondos ya apropiados.

En fin, creo que los proyectos tienen buenas intenciones, pero erran el camino en muchos casos. Espero que haya correcciones, in Prat Gay we trust. Igual, imagino que no hay chances de que este tema se vote este año, salvo que de golpe el oficialismo o la oposición lo consideren de alto rédito político.