Siguiendo con la línea del post anterior de Cole, vale la pena abrir un poco la lente para analizar la decisión del Ministro -perdón, Secretario- Moreno, de restringir las importaciones de productos alimenticios que compitan con marcas nacionales.
La ideas es muy simple, y las consecuencias muy previsibles, con la siguiente lógica; la reducción de las importaciones va a bajar la oferta total de los productos afectados por la medida, desplazando la curva de oferta. La curva de demanda se mantiene clavada (no cambian las preferencias ni los ingresos de los consumidores), con lo que llegamos, oh yeah, a un nuevo equilibrio, con un precio más alto y, por tanto, una cantidad consumida más baja. Sin embargo, la cantidad vendida por los productores domésticos será mayor, porque la caída del consumo es menor a la de las importaciones, porque la elasticidad-precio de la demanda de los bienes alimenticios es, típicamente, baja.
A estos efectos se les suma el impacto fiscal; la contracción de las importaciones va a reducir la recaudación por la vía de los derechos de importación. Entonces… cuál es la lógica de esta medida para un gobierno que tiene como función objetivo la caja fiscal? Es muy simple. La imposición de restricciones a las importaciones equivale en la práctica a un subsidio a los productores domésticos, pero con una diferencia muy importante; mientras el subsidio es pagado íntegramente por el Tesoro, el subsidio implícito de un freno a las importaciones es pagado indirectamente por el Tesoro (por reducción de la recaudación) pero también por los consumidores domésticos (por el precio interno más alto).
En los últimos años, la inflación mermó mucho la competitividad de los sectores transables argentinos. Es casi obvio que, ante los seguros reclamos de más subsidios por parte de la industria –la alimenticia en particular-, el Gobierno decidió lanzar esta medida, a fin de no tener que seguir incrementando los subsidios al ritmo loco al que lo viene haciendo. O, al menos, seguir incrementándolos pero para subsidiar cosas más importantes desde la perspectiva electoral, como el consumo de servicios públicos por parte de la clase media y alta de Capital y Gran Buenos Aires.
Esta no es una medida comercial, es una más de las muchas medidas de este Gobierno destinadas a proteger la caja en tiempos de vulnerabilidad política. En este caso, nos traslada a los consumidores la obligación de pagar parte de los subsidios a la industria alimenticia.
Ok. Vengo posteando poco, la agenda económica no nos da mucho y la política está terminando de configurarse y espero poder postear decara a las elecciones.
